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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó una reforma legal que permitirá imponer cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años en casos de delitos graves, lo que ha generado una fuerte polémica a nivel internacional.
La medida, aprobada por el Congreso salvadoreño, modifica el marco legal para que adolescentes enfrenten penas similares a las de adultos en ciertos delitos considerados de alto impacto.
Entre los crímenes contemplados se encuentran:
Además, la reforma elimina esquemas de justicia juvenil que anteriormente diferenciaban las sanciones para menores de edad.
Las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del 26 de abril de 2026 e incluyen la creación de tribunales especializados en materia penal.
También se establecen revisiones periódicas de las condenas, lo que podría permitir en algunos casos un régimen de libertad controlada tras décadas de prisión.
La reforma forma parte de la política de mano dura impulsada por el gobierno desde 2022 para combatir a las pandillas, en un contexto de alta violencia en el país.
Desde entonces, más de 90 mil personas han sido detenidas, en una estrategia que ha reducido los índices de homicidios, aunque también ha generado críticas por presuntas violaciones a derechos fundamentales.
Organismos internacionales como la ONU han expresado preocupación por la medida, al considerar que podría vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Especialistas advierten que eliminar protecciones especiales para menores podría contravenir estándares internacionales en materia de derechos humanos y justicia juvenil.
Por su parte, Nayib Bukele ha defendido la reforma al señalar que el marco legal anterior permitía que menores involucrados en delitos graves quedaran en impunidad.
El mandatario sostiene que el endurecimiento de las penas es necesario para mantener los avances en seguridad logrados durante su administración.
La decisión ha reavivado el debate internacional sobre los límites entre seguridad pública y derechos humanos, especialmente en contextos de violencia criminal.
Mientras el gobierno salvadoreño destaca la reducción de delitos, críticos advierten sobre los riesgos de un sistema más punitivo, particularmente cuando se trata de menores de edad.
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