Desde el sábado 14 de junio de 2025, entró en vigor en Puebla la polémica Ley de Ciberseguridad, también conocida como “ley censura”, la cual ha provocado una ola de críticas por parte de defensores de derechos humanos, partidos opositores y organizaciones civiles como Artículo 19.
La legislación fue impulsada por Morena y aprobada en el Congreso local con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención, en medio de un intenso debate sobre los límites entre la protección digital y la libertad de expresión.
Uno de los puntos más polémicos de la ley es el nuevo delito de ciberasedio, contemplado en el Artículo 480 del Código Penal estatal. Este castiga con penas de 11 meses a tres años de prisión y multas de hasta 39 mil 599 pesos a quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje” a otra persona por medios digitales, con insistencia suficiente para afectar su integridad física o emocional.
Aunque se contempla la protección de menores y personas con discapacidad como agravantes, organizaciones como Artículo 19 alertan sobre el peligro de criminalizar expresiones ambiguas y subjetivas, lo que podría abrir la puerta a la censura o a represalias políticas.
Especialistas y representantes de MC, PRI y PAN han señalado que la ley es ambigua, pues términos como “insulto” o “vejación” no están claramente definidos. Esto podría perjudicar tanto a víctimas que denuncien casos de violencia digital, como a activistas, periodistas o ciudadanos que expresen opiniones críticas en redes sociales.
Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, calificó la ley como “una puñalada a la libertad de expresión” y acusó a Morena de “querer un pueblo sometido y con miedo”.
La ley ha cobrado mayor relevancia en redes sociales tras una reciente polémica entre la morenista Melissa Cornejo y Christopher Landau, exembajador y actual funcionario del gobierno de Estados Unidos, relacionada con críticas a ese país en plataformas digitales.
Esto ha encendido alertas entre usuarios que planean tramitar visas estadounidenses, pues las autoridades migratorias de EE.UU. revisan el historial público en redes sociales como parte de sus evaluaciones.
Además del ciberasedio, la nueva ley tipifica otros delitos como:
Las penas varían dependiendo del caso, pero se agravan considerablemente si las víctimas son menores de edad.
La ley fue propuesta en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, entonces diputado y actual coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta, quien pertenece a Morena. La legislación fue publicada oficialmente el viernes 13 de junio en el Periódico Oficial del Estado, desoyendo las advertencias de organizaciones defensoras de derechos digitales.
Mientras tanto, la oposición y la sociedad civil exigen su derogación o al menos una revisión profunda, para evitar que se convierta en un instrumento de represión política o censura institucional en un estado donde la crítica en redes sociales se ha vuelto una herramienta clave de participación ciudadana.
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