La reforma, promovida por el diputado Octavio Martínez Vargas de Morena y presentada en sesión por el legislador Vladimir Hernández Villegas, modifica el Código Penal del Estado de México para castigar a quienes otorguen préstamos, bienes o servicios cobrando intereses superiores al doble de las tasas fijadas por el Banco de México para operaciones similares.
El dictamen precisa que quienes incurran en esta conducta enfrentarán penas de 15 años de cárcel y multas de 100 a 3 mil 500 UMAs, equivalentes a 395 mil 990 pesos, buscando frenar prácticas que afectan principalmente a personas sin acceso a la banca formal.
Martínez Vargas destacó que, aunque la usura existe como delito en la legislación federal desde 1908, Edomex no la tenía tipificada en su Código Penal, lo que permitía encubrirla bajo la figura de fraude y complicaba perseguir a los responsables.
En la exposición de motivos se subraya que reconocer la usura como un delito autónomo permitirá visibilizar el abuso económico, acelerar procesos de investigación y fortalecer la protección de sectores vulnerables como mujeres jefas de familia, adultos mayores, comunidades indígenas y personas en pobreza.
Con esta reforma, el Congreso mexiquense busca desincentivar la explotación financiera informal, frenar el avance de redes ilegales de crédito y promover el acceso a préstamos regulados, enviando un mensaje firme contra la violencia económica y la marginación.
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